1. El pecado de la indulgencia: La ética de paz frente a la competencia a muerte
Para comprender el Chile contemporáneo, es indispensable desmitificar el relato oficial de nuestra independencia y asomarse al barro de 1829. El nacimiento del Estado de Chile no fue el resultado de un consenso civilizado ni de la libre voluntad de los pueblos; fue un parto violento, orquestado mediante la traición y el derramamiento de sangre.
El conflicto que estalló a fines de ese año enfrentó a dos lógicas éticas y culturales completamente irreconciliables. Por un lado, el bando liberal (los pipiolos o constitucionales), liderados por figuras como Ramón Freire y Francisco de la Lastra, actuaba bajo códigos de honor de matriz comunera, caracterizados por una profunda fraternidad y lo que Gabriel Salazar denomina una «ética de paz». Por el otro, el bando conservador (los pelucones y estanqueros), comandados por Joaquín Prieto y Diego Portales, operaba desde una ética mercantil capitalista donde el honor no existía, sino únicamente la competencia a muerte y la aniquilación del adversario.
Esta asimetría moral se cobró su primera víctima en la Batalla de Ochagavía, en noviembre de 1829. El ejército constitucional del general Lastra logró acorralar a las tropas golpistas de Joaquín Prieto y Manuel Bulnes. Sin embargo, demostrando esa indulgencia casi ingenua de los comuneros, Lastra ordenó suspender el fuego para evitar una masacre entre compatriotas, permitiendo que el enemigo se rindiera sin derramar sangre.
La respuesta de la ética mercantil no tardó en llegar. Tras ser derrotado en el campo, el general Prieto invitó a los vencedores a negociar un armisticio. Allí, aconsejado por José Antonio Rodríguez Aldea —a quien la historia popular recuerda como el prototipo del «maricón sonriente»—, Prieto tendió una emboscada e intentó tomar prisioneros a los líderes constitucionales. Fue un acto de rufianería pura, el primer aviso de que la fronda conservadora no respetaría ninguna regla que pusiera en juego sus intereses de propiedad.
2. El «Gambito de Ochagavía» y el eterno retorno del 15 de noviembre
Durante nuestras transmisiones, mientras compartíamos con amigos habituales del chat como José, Rodrigo y Martín Barros, resultaba imposible no sentir un frío escalofrío de dejà vu. La historia de Chile parece no avanzar, sino repetirse en círculos perfectos.
Hay un paralelo directo y doloroso entre la ingenuidad de los liberales de 1829 en Ochagavía y el comportamiento de la izquierda chilena contemporánea durante la crisis de 2019. Al detener el fuego militar para sentarse a negociar un tratado de paz con un enemigo mercantil acorralado, los pipiolos históricos firmaron su propia sentencia de muerte.
Casi dos siglos después, tras el estallido social, la izquierda chilena cometió exactamente el mismo error de credulidad. Al firmar el «Acuerdo por la Paz» el 15 de noviembre de 2019, pecaron de indulgencia y se sentaron a negociar bajo una supuesta ética de paz con una fronda conservadora que estaba contra las cuerdas. La derecha actual, operando bajo la misma e invariable ética de competencia a muerte de Portales y Prieto, solo utilizó la mesa de negociación para ganar tiempo, enfriar la calle, reorganizar sus fuerzas y, finalmente, destruir el proceso constituyente desde adentro, pasándole la cuenta de inmediato a sus adversarios políticos. Cambian los nombres —hoy descendientes de aquellos golpistas, como el analista de defensa Daniel Prieto Vial, defienden ese legado—, pero la partitura de la elite sigue siendo exactamente la misma.
3. El «daño ontológico» del huacho y la oikofilia de la elite
Para entender por qué la fronda conservadora logró imponer su dictadura legal por sobre las mayorías, es necesario recurrir a la sociología profunda de nuestra identidad. Citando a Oswald Spengler, podemos definir al Estado como «la fisonomía de una unidad de existencia histórica»: la coraza que adopta una comunidad para protegerse y durar en el tiempo. Pero para que esa coraza tenga sentido, debe existir un arraigo, un sentido compartido de un «nosotros».
La oligarquía mercantil santiaguina de 1830 triunfó porque llevaba décadas cultivando lo que el filósofo Roger Scruton define como «oikofilia»: el amor por el hogar, por lo propio y por sus intereses de clase. Ellos actuaron como un bloque unificado, con plena conciencia histórica de su poder y de su destino.
En la vereda opuesta, el pueblo chileno estaba completamente fragmentado y desarticulado. Esta masa popular, identificada históricamente con el «huacho mestizo» del valle central, es el resultado de una violencia sexual fundacional que le heredó un profundo daño ontológico y un desarraigo constitutivo. Sin un origen reconocido y sin propiedad de la tierra, el mestizo ha vivido históricamente sumido en el anonimato y la inautenticidad cotidiana —el Das Man de Heidegger—, preocupado únicamente por la supervivencia. Al carecer de ese «nosotros» histórico y organizado, el pueblo quedó reducido a ser simple fuerza de trabajo o «stock» disponible para ser explotado en las haciendas de la minoría criolla que sí tenía conciencia de su poder.
4. La farsa del Derecho y la masacre de Lircay
Diego Portales y Juan Francisco Meneses consolidaron este orden feudal mediante un golpe interno que barrió con cualquier vestigio de la Constitución liberal de 1828. Portales instauró las «facultades extraordinarias», transformando el poder ejecutivo en una dictadura pura, en un «garrote» desnudo encargado de purgar a todos los oficiales del ejército patriota. Lo paradójico —y profundamente cínico— es que utilizaron la misma Constitución de 1828 que ellos habían destruido como pretexto legal para declarar a Ramón Freire fuera de la ley.
Queda al descubierto la gran mentira del derecho moderno. Las constituciones y las leyes no son absolutos éticos ni universales; son criaturas históricas contingentes, oropeles y sillones simbólicos que la elite utiliza como escudo. Portales lo resumió de manera brutal al concebir la Constitución como «una señora a la que hay que violar tantas veces como sea necesario». El Estado chileno no se fundó sobre el Estado de Derecho, sino sobre la fuerza fáctica de los fusiles y la desvergüenza de la secretaría.
La tragedia final de esta asimetría ética se consumó en la Batalla de Lircay, en abril de 1830. Ramón Freire, arrastrando nuevamente la credulidad de la ética comunera, confió en una serie de cartas enviadas por oficiales conservadores que le prometían desertar y unirse a sus filas en pleno combate. Freire creyó en el honor del adversario y expuso a su infantería. Las cartas eran una trampa mortal: la deserción jamás ocurrió y el ejército constitucional fue masacrado por la caballería de Bulnes y la artillería pelucona.
A diferencia del general Lastra en Ochagavía, Prieto no tuvo piedad. Ordenó no dar cuartel, resultando en más de 600 muertos del bando liberal. La saña alcanzó su punto más oscuro con el asesinato a hachazos del coronel inglés Guillermo Tupper, un oficial patriota que ya se había rendido y que fue cobardemente liquidado por las fuerzas conservadoras.
Conclusión: El Estado miente con frialdad
Los vencedores de Lircay, apoyados por la pluma de historiadores oficiales como Diego Barros Arana, se encargaron de limpiar el fango, borrando de los textos escolares la vileza, el saqueo y las traiciones que les dieron el poder. Construyeron una apología mentirosa, instalando la idea de que el régimen absolutista e impersonal de 1830 nació de la «libre voluntad de los pueblos».
Es imposible no cerrar esta reflexión recordando la advertencia que Friedrich Nietzsche nos dejó en Así habló Zaratustra: «El estado miente con toda frialdad; y esta mentira repta de su boca: "Yo, el estado, soy el pueblo"». El Estado chileno se construyó sobre el cadáver del coronel Tupper y sobre la humillación del Venancio mestizo. Si queremos dejar de repetir el ciclo infinito de Ochagavía y Lircay, nuestra tarea no es sentarnos a firmar nuevas actas de paz con los dueños de la hacienda, sino desmantelar la mentira fundacional de su derecho y atrevernos, por fin, a construir un «nosotros» que no le deba nada a sus patrones.