1. El pecado del romanticismo en las relaciones internacionales

Hay una ceguera recurrente en la política chilena que suele costarnos muy caro: la ilusión de que el afecto personal o la afinidad ideológica entre mandatarios altera la fría matemática de las grandes potencias. Tras la oficialización en este mes de julio de 2026 de la sanción comercial impuesta por Estados Unidos —un arancel adicional del 12,5% sobre nuestras exportaciones—, la respuesta inicial del oficialismo y los sectores empresariales osciló entre el estupor y el desconcierto. Se asumió, con una ingenuidad casi infantil, que la alineación doctrinaria del gobierno de José Antonio Kast con la administración de Donald Trump funcionaría como una suerte de escudo aduanero o salvoconducto diplomático.

La realidad ha venido a asestar un golpe seco. Que la Casa Blanca haya utilizado como pretexto una investigación sobre supuestas falencias en el control del trabajo forzoso para golpear a sectores clave de nuestra producción —como el salmón, el vino, las frutas y la madera— desnuda la verdadera naturaleza de la diplomacia imperial. Mientras tanto, los recursos extractivos de uso crítico para la industria norteamericana, como el cobre y el litio, han quedado convenientemente exentos. No hay ahí ninguna cruzada moral; hay un cálculo mercantilista puro.

Esta medida confirma lo que he sostenido de manera categórica: en el tablero global, Estados Unidos no opera desde la caridad ideológica ni premia la simpatía simbólica. Washington actúa movido por el interés nacional y la protección de su mercado interno. Pretender que la cercanía valórica eximiría a Chile del proteccionismo norteamericano es ignorar la historia.

Chile no es un «jugador estratégico» en el escenario internacional. No poseemos la escala económica ni el poder militar para proyectar hegemonía. Chile es, pura y simplemente, un pivote geopolítico. Nuestra relevancia no radica en quién gobierna en Santiago, sino en nuestra ubicación: el control del Estrecho de Magallanes, la proyección antártica y la ventana al Pacífico. Para Washington, Sudamérica es una zona de influencia directa pero estratégicamente secundaria frente a su obsesión principal con Eurasia. Y mientras nuestro valor geográfico siga en estado latente, la relación con la Casa Blanca será puramente transaccional.

2. La racionalidad tras la medida: El factor Blue Collar y el rol de Jorge Quiroz

Para entender el dilema en el que se encuentra atrapado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hay que desarmar la caricatura del «abuso imperial» y mirar la lógica interna del fenómeno. La decisión de Trump no responde a un exabrupto ni a una enemistad personal contra Chile. Corresponde a la consolidación de un giro estructural en la política económica estadounidense.

Durante décadas, la clase trabajadora no universitaria de Estados Unidos —el votante blue collar— vio sus salarios estancados y sus industrias locales desmanteladas en nombre del libre comercio y la globalización. El uso de aranceles como garrote de negociación es el mecanismo con el cual Washington busca devolverle gobernabilidad a su política interna, proteger a su base manufacturera y frenar la fuga de valor hacia el exterior.

Desde la perspectiva técnica que caracteriza a un economista como Quiroz, este escenario no debió ser una sorpresa. Al apelar a leyes internas y acusaciones sobre trabajo forzoso para saltarse la lógica multilateral, Estados Unidos está jugando lo que la teoría de juegos define como el juego del ultimátum: utiliza el acceso a su gigantesco mercado para apretar a sus socios, trasladándoles inestabilidad a cambio de comprar paz social en su propio territorio.

El drama para el ministro Quiroz radica en que su programa económico confiaba en la fluidez de las exportaciones y en la «certeza jurídica» de los tratados internacionales. La imposición de este 12,5% a bienes con alto valor agregado demuestra que, cuando una superpotencia entra en la Trampa de Tucídides y busca asegurar su hegemonía, la certeza jurídica es la primera en ser sacrificada.

3. La trampa de la diplomacia de pasillo: Por qué no debemos abrir el TLC

Frente al daño que este gravamen causa a los productores agrícolas, vitivinícolas y madereros de nuestro país, la tentación inmediata de la élite política es armar una comitiva y viajar a Washington a pedir indulgencias o proponer una «renegociación» del Tratado de Libre Comercio (TLC).

A caer en esa trampa es a lo que el ministro Jorge Quiroz debe negarse rotundamente. Entrar hoy a las oficinas de la representación comercial de la Casa Blanca a reabrir el texto del TLC para rogar por la exención del 12,5% sería un acto de suicidio estratégico. En el clima marcadamente proteccionista que se vive en Estados Unidos este 2026, abrir el tratado implicaría que Washington nos devuelva un pliego de exigencias leoninas:

  • Exigirá endurecer de forma desproporcionada los plazos de patentes farmacéuticas y propiedad intelectual, encareciendo automáticamente el costo de la salud y los medicamentos para los chilenos.

  • Exigirá cláusulas de exclusión geopolítica para frenar o prohibir el ingreso de inversiones y tecnología de capitales chinos en la infraestructura crítica de nuestro país.

El costo de arriesgar la arquitectura de nuestro comercio exterior para bajar un arancel sectorial sería infinitamente más caro que el impacto directo de la medida. La postura más pragmática que puede asumir Hacienda en este momento no es el aspaviento mediático ni el patriotismo de micrófono, sino la cautela: agachar la cabeza, pasar bajo el radar diplomático, amortiguar el golpe a los sectores afectados mediante eficiencias internas y diversificación de envíos, y jamás poner en juego la matriz de nuestros acuerdos multilaterales.

Conclusión: La fragilidad del aliado y el cálculo del imperio

En última instancia, el escenario actual no puede entenderse al margen de la errática deriva política que arrastra el país. La inestabilidad institucional legada por los fallidos procesos constitucionales, el gobierno de Gabriel Boric —cuya narrativa fue marcadamente crítica con el trumpismo— y la posterior llegada de José Antonio Kast bajo la idea de una alineación ideológica automática con Washington, han dejado a Chile sumido en un equilibrio profundamente inestable que hoy depende de una ley de reconstrucción nacional para mantener la gobernabilidad.
 
Frente a este cuadro, las grandes potencias ven una oportunidad geopolítica servida en bandeja: cuando un aliado estratégico muestra una evidente falta de cohesión social interna y una fragilidad institucional latente, el imperio aprieta la tuerca. La presión estadounidense busca alterar el tablero local, agitando e irritando a los grupos de interés económicos y empresariales para forzar concesiones políticas mayores. Sin embargo, conviene no caer en paranoias parroquiales: la sobretasa del 12,5% impuesta por Estados Unidos no es un castigo exclusivo ni una conspiración ideada a la medida de Chile, sino parte de una barrera proteccionista de alcance global aplicada de forma transversal a más de 60 economías.
 
Ante este panorama, la confirmación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de una ronda de negociaciones bilaterales con Washington para agosto de 2026 debe abordarse con frialdad técnica. No se trata de ir a la Casa Blanca a mendigar favores en nombre de la «amistad entre patriotas», sino de defender con pragmatismo nuestra copertenencia o neutralidad activa. La tarea de la Cancillería y de la cartera de Hacienda no es buscar el abrazo del patrón imperial, sino asegurar las exenciones sectoriales mediante argumentos técnicos sin comprometer el TLC, recordando que la verdadera autonomía de un pivote geopolítico nace de la cohesión interna y de la firmeza para cuidar la propia casa.

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *